Ya sea eólica, solar, gas o nuclear, incentivar la financiación privada no va a solucionar el cambio climático
El reciente furor en torno a las etiquetas de sostenibilidad de la UE no tiene sentido. Necesitamos más inversiones públicas sostenibles y menos inversiones privadas perjudiciales para reducir las emisiones y construir un futuro verdaderamente sostenible.
La Unión Europea tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030 y llegar a ser climáticamente neutral en 2050. Para alcanzar estos objetivos se necesitará una gran cantidad de inversiones en proyectos verdes y energías renovables.
La «Taxonomía de la UE para las inversiones sostenibles» debería contribuir a ello. La idea es que unas etiquetas claras que muestren qué proyectos y actividades son «sostenibles», junto con incentivos en materia de reglamentación para fomentar la financiación privada en esta dirección, «desencadenarán una ola de inversión verde» en toda Europa. Los inversores se volcarán en las energías renovables y los proyectos sostenibles, las emisiones de gases de efecto invernadero caerán en picado y Europa habrá hecho su parte para evitar la catástrofe climática.
Por eso, la reciente decisión de la Comisión Europea de incluir la energía nuclear y el gas fósil en su nueva lista de inversiones sostenibles está causando consternación entre los grupos ecologistas y los inversores, que temen que esta etiqueta «verde» desvíe el dinero de las energías renovables como la solar y la eólica, y cree confusión en los mercados financieros.
Dejar que el mercado nos guíe hacia la sostenibilidad
Aunque son importantes los debates sobre las ventajas e inconvenientes de las distintas fuentes de energía necesarias para mantener el calentamiento global por debajo de los dos grados, el hecho de centrarse en qué empresas obtienen el visto bueno de la UE distrae de cuestiones más importantes.
El verdadero problema de la Taxonomía de la UE para las Inversiones Sostenibles es que forma parte de una estrategia más amplia de la UE y de la predominante visión del mundo que considera que la solución para el cambio climático depende de que los inversores privados hagan lo correcto mediante una serie de señales, subvenciones, incentivos e impulsos.
En una economía capitalista el dinero sigue el camino más fácil y la financiación fluye hacia donde se pueden obtener mayores beneficios con mayor facilidad sin tener en cuenta el beneficio que esto pueda suponer para la sociedad, y sin preocuparse por el daño que pueda causar.
Esta es la razón por la que nos enfrentamos al cambio climático y a la degradación del medio ambiente en primer lugar. Bajo el capitalismo extractivo, nuestros recursos naturales compartidos se privatizan para obtener beneficios personales. Mientras que los beneficios de la explotación capitalista de estos recursos van a parar a los individuos, los costes de la contaminación resultante, la pérdida de biodiversidad y el calentamiento global son asumidos por las comunidades y el Estado.
El hecho de que la «inversión sostenible» se diferencie del resto de la actividad financiera es un reconocimiento de que el capitalismo de libre mercado y la búsqueda del beneficio individual no se traducen en resultados beneficiosos para la sociedad.
Por lo tanto, esta taxonomía se basa en una contradicción. Su existencia es la prueba de que los mercados financieros capitalistas no sirven para beneficiar a la sociedad y con frecuencia hacen lo contrario. Sin embargo, está incrustada en una ideología y depende de la creencia de que debemos dejar la construcción del futuro sostenible que necesitamos en manos de los mercados financieros capitalistas y que ellos nos salvarán del cambio climático.
Crecimiento verde: el cambio climático como “oportunidad de negocio”
La idea de que los mercados libres capitalistas nos salvarían de la degradación del medio ambiente despegó en la década de 1990 y desde entonces se ha consolidado en torno a los eslóganes tan repetidos del «crecimiento verde». La protección del medio ambiente no sólo no sería mala para las empresas, sino que presentaba una nueva oportunidad para generar beneficios.
La aceptación generalizada de este enfoque por parte de los gobiernos fue impulsada por la política de puertas giratorias que difumina las líneas entre los políticos y el sector privado, la influencia de los grupos de presión de la industria y las donaciones políticas de las empresas, así como la búsqueda dogmática del crecimiento del PIB como objetivo económico último.
La narrativa del «crecimiento verde» implica que, si el capitalismo puede resolver el cambio climático a través de nuevas oportunidades de negocio sostenibles, el papel de los gobiernos debería limitarse a facilitarlo con la menor injerencia posible, y favoreciendo siempre la zanahoria sobre el palo.
La Taxonomía Sostenible de la UE es una de estas zanahorias. Si las empresas pueden demostrar que sus actividades se ajustan a una de las etiquetas verdes pueden acceder a la creciente reserva de fondos destinados a la «inversión sostenible» para financiar sus proyectos, además de mejorar su reputación por ser oficialmente «sostenibles» según la UE.
Una taxonomía más sutil
A pesar del ruido en torno a las inversiones sostenibles siguen siendo las inversiones sucias las que prevalecen. En 2018, de los 1,8 billones de dólares invertidos en todo el mundo en todos los aspectos del sector energético, sólo unos 300.000 millones de dólares se destinaron a las energías renovables y la mayor parte del resto se destinó a los combustibles fósiles, donde todavía se pueden obtener mayores beneficios.
Aunque la Taxonomía de la UE puede influir en una parte del sector privado que está trabajando para que sus operaciones sean más sostenibles, sigue habiendo una parte enorme de actividad económica que no es sostenible, que no tiene intención de serlo y que, en muchos casos, está dañando activamente el medio ambiente y contribuyendo al calentamiento global.
Para tener un impacto real en la reducción de la contaminación por carbono e impulsar la inversión en actividades sostenibles, la taxonomía debe no sólo identificar qué actividades son verdes, sino clasificar todas las actividades desde las más sostenibles hasta las más dañinas. El proyecto de DiEM25 para una transición justa en Europa, el Green New Deal para Europa, presenta una propuesta alternativa de lo que supondría esa taxonomía:
- En primer lugar, la taxonomía debe identificar las actividades destructivas para el medio ambiente, asegurándose de que las empresas que se dedican a ellas se enfrenten a repercusiones directas en sus finanzas.
- En segundo lugar, la taxonomía debe considerar de forma más holística los impactos climáticos y medioambientales de las actividades empresariales; aquellas que contribuyan a la transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono no deberían considerarse favorablemente si agravan el deterioro climático o medioambiental de otras formas.
- En tercer lugar, debe alejarse de un modelo binario en el que la taxonomía se aplique o no a una actividad determinada, y en su lugar identificar diferentes niveles de categorización.
La propuesta de Green New Deal para Europa argumenta que: “esto garantizará que los riesgos y externalidades de las inversiones en energías no renovables se tengan en cuenta de manera más exacta, lo que podría también respaldar la exactitud de la tarificación a largo plazo de los activos en combustibles fósiles, disminuyendo dramáticamente su valor en el mercado, y preparando el desmantelamiento ordenado de las empresas de combustibles fósiles.”
El argumento que el Green New Deal para Europa introduce es que la Taxonomía de la UE olvida que mientras el coste real por dañar el medio ambiente no se repercuta y tenga un impacto negativo en los beneficios, ningún incentivo y ninguna señal van a detener la contaminación de la atmósfera por las empresas.
Inversión y propiedad pública
Los altísimos niveles de inversión necesarios para ampliar las energías renovables y la eficiencia energética, y para transformar nuestras economías y dar lugar al desarrollo sostenible, no se originarán en los incentivos a las empresas.
Es la financiación pública, y no la privada, la mejor posicionada para invertir en investigación y desarrollo e infraestructuras sostenibles a largo plazo, así como para garantizar que estas inversiones sean dirigidas hacia una transición justa que sea rentable para la sociedad y no solo genere beneficios.
Hay que volver también a concebir la energía como un bien público y un derecho fundamental. La energía y la electricidad deben ser sustraídas del monopolio de la propiedad dirigida a producir beneficios privados. Debe volver a ser nacionalizada desarrollando nuevos modelos democráticos de propiedad.
La plataforma de política de DiEM25 propone un plan para implementar este tipo de programa de empleos públicos verdes, financiado por la emisión de bonos por las bancas públicas de Europa, y dirigido por el Banco Europeo de Inversiones.
El Green New Deal para Europa subraya que: “incrementando masivamente el papel de la financiación pública se desafía a las actividades arriesgadas, cortoplacistas, y especulativas, de las finanzas internacionales, mientras se reorienta el debate hacia la búsqueda del interés público, de la sostenibilidad medioambiental, y de una economía justa.”
No debemos confiar en que el mismísimo sistema de capitalismo financiarizado que provocó la crisis medioambiental nos sacará de ella.
Y debemos exigir más a la Unión Europea que etiquetas verdes e incentivos.